“No hay mal que por bien no venga”, nos dice la voz popular. No está claro que tan cierto sea. O por lo menos, no lo está si queremos aplicarlo en todas las situaciones que se presentan en la vida. Pero de que a veces se cumple, no hay duda. Creo que es el caso del tema que traigo hoy a mis estoicos y leales lectores, en el que pudiera aplicar el dicho en cuestión, ya que me propongo analizar la forma en que nos ha llegado un mal. Pero a éste le han seguido otros bienes de los que, como mexicanos, debemos tomar nota  ya que a mi manera de ver, representan (o deberían de representar) nuestras más altas prioridades hacia el futuro. Me refiero al tema del “imperio de la ley”, eso a lo que en inglés se le conoce como “the rule of law”.

Después de una intensa lucha política en la campaña para la presidencia de Estados Unidos, vimos con tristeza y preocupación como una propuesta calificada ampliamente como populista se impuso, resultando electo presidente de ese país Donald Trump  por los siguientes cuatro años. Especialmente nos ha afligido a los mexicanos, por las propuestas que el ahora mandatario ha hecho desde que inició su campaña, en cuanto a los temas de libre comercio y migración, tan significativos para nosotros en la relación con ese poderoso vecino.

Puesto a prueba una vez más el sistema electoral americano, funcionó, garantizando una elección democrática en la que triunfó quien más votos electorales tuvo, haya sido por la diferencia que haya sido. El populismo triunfó y la democracia también.

El mal había llegado. Los más pesimistas presagios llenaron entonces el ambiente, no sólo en nuestro país, sino en una buena parte del mundo. Cumpliendo con lo prometido, Donald Trump inició firmando las llamadas “órdenes ejecutivas” en las que decretaba desde la construcción del famoso muro en la frontera con México, hasta la prohibición para la entrada de habitantes de otras naciones, principalmente musulmanas, pasando por la derogación del llamado Obamacare, que es el sistema de prestación de servicios de salud dispuesto por su antecesor.

Casi desde el primer día de su gobierno, empezamos a ver esa imagen en la que, desde su escritorio en la oficina oval de La Casa Blanca, acompañado de sus más cercanos colaboradores, el mandatario mostraba orgulloso la orden ejecutiva de que se tratara, la que, a su entender, debería ser cumplida de inmediato, pasando por encima de lo que fuera necesario. Pero, como lo hemos podido atestiguar hasta ahora, no ha sido así en todos los casos, ya que algunas de estas órdenes se han topado de frente con la ley y las fuertes instituciones norteamericanas que emanan precisamente de esa ley, que está por encima de todos y de cualquier coyuntura.

Resulta difícil de creer, pero quizás quienes han impulsado estas acciones de gobierno pasaron por alto que esa misma democracia que les permitió llegar a la Presidencia de Estados Unidos, se caracteriza esencialmente por un principio conocido como “el imperio de la ley”, una expresión doctrinal que designa el régimen jurídico en el cual, los gobernantes y sus agentes, se hallan sometidos para sus particulares decisiones a la observancia de las normas de derecho sentadas por las leyes. Como lo señala la jurisprudencia, en el sentido más estricto, se trata de un régimen jurídico que somete a dichos agentes del Estado, como a simples particulares al imperio de la ley común, aplicada por los jueces de derecho común.

Magistrados como el juez de distrito Derrik Watson de Hawái,  suspendió indefinidamente la orden suscrita y emitida por el presidente Trump, que pretendía impedir el acceso a la Unión Americana de personas provenientes de países musulmanes. Un juez que, con la ley en la mano y para estos efectos, resulta ser más poderoso que el titular del Ejecutivo Federal norteamericano. Paradójicamente, cabe la ironía, un juez con rasgos físicos orientales, típico de muchos inmigrantes.

Destino infortunado de dicha “executive order”, que corrió también (relacionada) con la pretendida derogación del sistema social de salud, conocida como el Obamacare que, al no contar con los votos suficientes en el Congreso (ni siquiera de varios republicanos),  se topó con otro principio de legalidad fundamental de aquella democracia que es la separación de poderes. Ambos -el Poder Judicial independiente y la separación de poderes- son característicos del verdadero imperio de la ley, capaz de vencer otras pretensiones imperiales o casi dictatoriales.

Menuda lección nos deja todo este acontecer en el vecino país del norte para este México que sufre, lo mismo en trascendentes decisiones  que en muchos ámbitos de la vida cotidiana, de esa falta de vigencia del estado de derecho que tanto nos lastima y que se caracteriza, entre otras cosas, por instituciones endebles, por encima de las que pasan día con día gobernantes y partidos políticos.

Ojalá que los mexicanos entendamos, a partir de estos ejemplos, acerca del valor que tiene, para protegernos de verdaderas calamidades, la fortaleza de nuestras instituciones y la vigencia del imperio de la ley, que puede y debe triunfar siempre por encima de intereses aviesos contrarios a los de las mayorías. Ojalá que entendamos, de una vez por todas, que el imperio de la ley es la única vacuna contra los iluminados y sus ocurrencias y lo que nos garantizará crecimiento, desarrollo e igualdad como sociedad democrática.

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