Con gran inquietud y frustración, me hago la pregunta con que he titulado esta columna, refiriéndome a la violencia que vivimos en México todos los días y en prácticamente todos los ámbitos de la actividad económica y social. La osadía y temeridad de los grupos criminales no tiene límite y denota, a mi parecer, la desfachatez y el desparpajo de quien se sabe impune, quizás intocable. De quien cree (¿sabe?) que ha rebasado a la autoridad.

Este proceso político, previo a las elecciones del primero de julio, ha venido a mostrarnos lo que están dispuestos a hacer los grupos criminales, incluyendo en su agenda de control y ejecuciones a quienes buscan detentar el poder político. Atestiguar casi a diario estos levantones, atentados y asesinatos, me lleva a preguntarme hasta dónde habrá de llegar el crimen organizado y a compartir con ustedes algunos datos y reflexiones relacionados con lo que hemos vivido en cuanto a violencia e inseguridad.

Durante 2017 se registraron 25 mil 339 homicidios dolosos; el año con más homicidios desde que se mide este delito. Ésta es una tendencia creciente que se manifestaba desde 2015 (con 16 mil 909 homicidios) y en 2016 (con 20 mil 547), con un aumento anual de alrededor de 5 mil homicidios. Así mismo, de ser un fenómeno concentrado en 50 municipios, se ha registrado un aumento en los delitos en casi el 80 por ciento del país.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del INEGI [1] señala que en 2016, 34.2 por ciento de los hogares fue víctima de delito; esta cifra podría extrapolarse a 24.2 millones de víctimas mayores de 18 años. Los robos en la calle o transporte público representan 25.9 por ciento de los delitos reportados, mientras que la extorsión representa 24.2 por ciento. La encuesta busca medir el número de víctimas, el cual en la realidad es mucho mayor, dado que estas mediciones no incluyen lo que se conoce como la cifra negra, esto es, los delitos que no se denuncian.

A partir de la encuesta, INEGI estima que sólo 9.7 por ciento de los delitos (de las 24.2 millones de víctimas) fue denunciado en 2016 y de éstos sólo 65.2 por ciento se convirtió en una carpeta de averiguación previa. Los estados de Guerrero, Tamaulipas y Puebla presentan la mayor brecha entre delitos y denuncias. Entre las razones por las que los ciudadanos no denuncian, las dos principales son porque declaran que es una “pérdida de tiempo” (33.1 por ciento) y por desconfianza en la autoridad (16.5 por ciento).

Como señalaba líneas arriba, este aumento de la violencia también ha irrumpido en el proceso electoral. Hasta el momento de escribir esta columna, 115 políticos han sido asesinados durante estos meses. Los estados de Guerrero (con 24 candidatos asesinados), Oaxaca (con 19) y Puebla (con 13) son los que han registrado mayor violencia electoral. Entre los partidos, el PRI ha enfrentado la mayor parte de la violencia con 40 militantes asesinados; seguido por el PRD con 18, y PAN con 13. Adicionalmente, se han registrado más de 400 agresiones a candidatos durante el proceso electoral, y el INE reporta que las agresiones a su personal en campo aumentaron 47 por ciento entre mayo y junio.

Una de las estrategias para combatir esta violencia ha consistido en atacar los ingresos del crimen organizado. Por ejemplo, un fenómeno en el que el crimen busca extraer recursos a costa de infraestructura pública del Estado es el huachicol. Héctor Aguilar Camín publicó en 2017 una serie de artículos donde describe el fenómeno; en éstos explica que Pemex perdió 2 mil 282 millones de pesos durante 2016 por el robo a ductos. Asimismo, señala que los robos se efectúan en la red de ductos de Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato y Puebla.  Los medios han vinculado a candidatos agredidos y asesinados en estos estados, con el robo de combustible.

Si bien, delitos como robo o secuestros se han reducido en los últimos seis años respecto de los niveles de 2010, aún permanecen como una fuente de ingresos para el crimen organizado, junto con la extorsión y el narcotráfico. Se estima que los ingresos por ventas de drogas globalmente son de 320 mil millones de dólares, según la ONU; lo cual podría explicar el hecho de que el crimen organizado sea capaz de mantener un enorme arsenal que se ha llegado a estimar en 500 mil o hasta un millón y medio de armas.

Juan Pardinas comenta que existe un proceso por el cual el crimen busca sustituir al poder político tradicional, infiltrando las elecciones y asesinando a rivales de una competencia democrática. Coincido con él y apunto el enorme peligro de que, a través de la conocida estrategia de plata o plomo, muchos servidores públicos se vean obligados a pactar y hacerse de la vista gorda o incluso a coludirse con los malos. Por primera vez se decidirá la elección de tantos ejecutivos en el país y, por tanto, de estrategias de seguridad locales y nacional. Esta estrategia deberá ser capaz de “arrebatarle al crimen su soberanía”, y dada la situación del país, esta política debería tener una prioridad en la agenda de los candidatos por encima de los debates de gasolinas o subsidios.

[1] INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017. https://bit.ly/2xIrkv9

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