En nuestro país, en estos momentos de transición en los que el gobierno saliente no termina de salir y el entrante no acaba de entrar, incertidumbre pareciera ser el nombre del juego. Incertidumbre provocada principalmente porque, hasta este momento, resulta muy difícil anticipar cuáles serán, en concreto, las principales medidas de política pública que serán adoptadas, en temas que resultan centrales para imaginar el futuro que nos espera. Pareciera que quienes asumirán el Poder Ejecutivo el 1º de diciembre, tienen el propósito de no perder el “momentum” que generó su triunfo electoral, anunciando, desde ya, las decisiones que habrán de tomar una vez en el pleno ejercicio del mandato recibido, aunque deban hacerlo sin precisar detalles importantes.

Pero a medida que avanzan en este propósito, se les atraviesa la terca realidad que les indica contundentemente que algunas de estas medidas, deben ser acotadas o reconsideradas, so pena de enfrentar consecuencias indeseables para sus planes de gobierno. Aquello que se podía proponer como parte de la febril actividad de campaña, ya no puede serlo ahora. En la campaña, el público es fácilmente seducido con propuestas de cambio que, se les dice, modificarán de raíz aquello que les ha llevado a un desesperanzador hartazgo. Con eso basta. No hace falta hacer muchos cálculos, ni perder tiempo en imaginar consecuencias. El fin parece ser uno solo: conquistar la voluntad de los electores. ¡Y vaya que se alcanzó el propósito!

Ahora la cosa cambia y resulta que cada medida correspondiente a aquellas propuestas ya no puede ser solo evaluada por su atractivo o eficacia electoral, sino que debe medirse en función de lo que puede provocar al insertarse en ese todo que constituye la política o el plan de gobierno. El caso del proyecto del aeropuerto puede resultar ilustrativo. A medida que el tiempo ha transcurrido, hemos visto como se ha pasado de la promesa de cancelarlo (así, sin más ni más), a la realización de una consulta que permita trasladar al “pueblo” la decisión de lo que debe hacerse con ese tema.

El próximo gobierno ha ganado espacio y tiempo para reconsiderar su propuesta inicial. Está obligado a ello, pues aquellas ideas de “salvar el lago de Texcoco” y de “no gastar el dinero de los pobres en los viajes de los ricos”, que tan atractivo resultaba para muchos, resulta que no es tan simple, pues trae consigo un sinnúmero de implicaciones. Hoy, del hecho (aparentemente) consumado, hemos pasado a la incertidumbre sobre lo que habrá de suceder. Quienes creemos en ese proyecto, ganamos también algo y hoy tenemos una esperanza. Paradójicamente, mientras una agencia calificadora de gran influencia baja la calificación de PEMEX como resultado de la incertidumbre, ésta es ahora esperanza para muchos (como yo).

La descentralización de las oficinas de las dependencias del Ejecutivo Federal es otro ejemplo interesante. En ese caso, hemos pasado de escuchar que todas saldrían de la Ciudad de México a diversos estados, a conocer que, de momento, solo una que otra se mudaría o que no lo haría todo el personal, sino solo las dirigencias. Para aquellos a quienes les preocupaba el gasto que esto representaría o las implicaciones laborales o familiares para miles de familias de burócratas, hoy, esta rectificación constituye una esperanza en que ahora habrá oportunidad de evaluar integralmente esto y tomar la mejor decisión.

Ahí están flotando en el ambiente otras propuestas de implicaciones muy trascendentes, que están siendo ampliamente debatidas por la sociedad, como aquellas relativas a la reducción de importantes gravámenes, como el IEPS, el IVA en la frontera o el manejo de los precios de las gasolinas, que aportan sumas considerables al presupuesto. Igualmente, las relacionadas con la sectorización de las Comisiones Nacional de Hidrocarburos o la Reguladora de Energía en el ámbito de la SENER, lo que constituiría el sacrificio de la independencia de estas instancias reguladoras, significando un enorme y peligroso retroceso al enviar señales muy inquietantes a quienes hoy invierten gracias a las reformas estructurales emprendidas y de las cuales forman parte importante las comisiones reguladoras independientes.

Y ahí están también aquellas propuestas derivadas de la política de austeridad que implican la desaparición de plazas de confianza y la drástica reducción de remuneraciones, las cuales podrían traer consigo un detrimento en el talento disponible en el sector gubernamental. O está también la centralización de decisiones de compras, contrataciones y gastos de comunicación, la cual, la verdad es que a muchos nos suena muy bien, aunque inquieta su operatividad ágil y eficiente. Y no digamos todo lo relacionado con la política energética y en particular lo relacionado con la exportación y refinación de petróleo que trae a muchos con los pelos de punta.

Hay quienes seguramente saldrán con el clásico “se los dije” o a afirmar que anticiparon que este nuevo gobierno no sería capaz, o no sabría qué hacer, con los temas importantes. Yo prefiero seguir confiando en la sensatez y en el pragmatismo político del que ya he hablado en anteriores columnas, y del que AMLO ha dado muestras a lo largo de los años. Prefiero pensar que lo que podría estar intentando es lo que consigna aquel viejo adagio que dice que la política es el arte de conciliar lo posible con lo deseable. Con ello no busco hacer una concesión generosa, sino solo reconocer que un mandato tan contundente conlleva la oportunidad de corregir, de reconsiderar. Y por ello creo que en esta incertidumbre bien puede residir la esperanza.

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