Al tiempo que un sector de la población se escandaliza por el hecho de que el gobierno “regala” dinero a diversos grupos de la sociedad, otro, más numeroso, se muestra preocupado al conocer que en México las seis personas más ricas del país detentan el 50% de la riqueza total. El tema de la creciente desigualdad vuelve a llenar los espacios informativos y los foros de discusión en el mundo. Incluso en Davos, se habla de la imperiosa necesidad de cuestionar al capitalismo como un sistema económico capaz de generar una mejor sociedad.

Y es en medio de esta discusión que el economista Thomas Piketty, autor de El capital en el siglo XX y del reciente libro Capital e Ideología, plantea la creación de un impuesto sobre la riqueza. Este impuesto tendría el objetivo de financiar una renta única de 120,000 euros para todos una vez cumplidos los 25 años. La lógica de esta renta consiste en garantizar que todos en la sociedad tengan propiedad privada de manera inicial para poder desarrollar proyectos y ejercer una mayor libertad económica. Entre otros temas, Piketty ha estudiado la desigualdad como el producto de las disparidades entre la productividad del trabajo y del capital. Y en ambos libros, elabora el argumento de que el crecimiento económico tiene efectos distributivos desiguales. Por esta razón, es necesario introducir instrumentos impositivos sobre el capital, pero al mismo tiempo también crear las condiciones para que todos tengan acceso al mismo. 

En su nuevo libro, realiza un análisis exhaustivo de los datos de ingreso de más de tres siglos sobre diferentes regiones del planeta. En éste, señala que la desigualdad es una elección política ya que las ideologías sobre cómo debería regularse la propiedad privada han generado desigualdades. El libro explica que existen diferentes formas de capitalismo, y cada una de éstas representa cómo las sociedades establecen un nivel de propiedad privada. La propiedad privada puede producir desarrollo económico, pero ésta necesita estar en equilibrio con el acceso que los asalariados y los consumidores tienen a los beneficios del desarrollo, pero principalmente a las condiciones para generarlo.

El siglo XX redujo las desigualdades distribuyendo los beneficios del crecimiento, pero la regulación actual de la propiedad privada aún genera estas brechas. La deliberación democrática puede lograr un uso más equitativo de la propiedad privada, incluso poniendo límites al uso de la propiedad y a la herencia. En palabras de Piketty en su entrevista para El País: La propiedad privada es un buen sistema para coordinar las acciones individuales y permitir a cada uno realizar sus proyectos, con una condición: que haya acceso a la propiedad.

Así, es posible crear este acceso a la propiedad privada con una renta universal. Según Piketty, nos encontramos en un momento en la historia en el que la mitad de la población no cuenta con acceso a la propiedad. La propiedad privada crea una forma de libertad que permite a los individuos formar empresas e innovar. Piketty llama a esta distribución de recursos un “socialismo participativo” donde la propiedad privada debería ser un derecho temporal y limitado, circunscrito a la vida de un individuo y en cantidades que permitan a todos acceder a ella. 

Para financiar esta renta, sería necesario crear un impuesto que cumpla los dos objetivos: limitar la riqueza de los más ricos y financiar la propiedad potencial de todos en la sociedad. Piketty propone un impuesto de 90% sobre el patrimonio de los más ricos en la sociedad; éste podría parecer exagerado, pero es una tasa que ya existía en la administración de Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos. La promesa de las administraciones posteriores, en particular la reforma de Reagan, era que una reducción en los impuestos podría multiplicar los beneficios para todos, pero esto no se ha cumplido. 

Los recursos que se pueden obtener de este impuesto son un tipo de “herencia para todos” que representaría 120,000 euros otorgados a todos los ciudadanos de 25 años. Esto equivale al 60% del patrimonio promedio en Francia o Reino Unido, o a 15 años de escolaridad, y garantizaría un piso igualitario de propiedad privada cuando las personas comienzan su vida profesional. En contraste a una realidad en la que actualmente, los más pobres en la sociedad sólo pueden reunir entre 5% y 10% del patrimonio promedio de la sociedad a lo largo de su vida. 

Piketty señala que esta solución no es una receta automática para la desigualdad, pero es la propuesta menos costosa para los sistemas políticos democráticos, ya que financiar la política social como se ha hecho hasta ahora es un proceso costoso y poco efectivo. El economista argumenta que los impuestos indirectos al consumo no han podido mitigar las desigualdades y el impuesto sobre la renta pone mayor peso sobre los trabajadores al hacer énfasis en el salario más que en la propiedad. Así, éstos no pueden ser el fundamento de los recursos del Estado para combatir la desigualdad porque no reparten equitativamente la carga fiscal.

Adicionalmente, el libro describe que el crecimiento no se ha traducido en mejores salarios para los individuos; en cambio, estas ganancias en crecimiento nacional tuvieron mayores efectos sobre quienes poseían capital y tierra. Y si bien los países europeos y Estados Unidos pudieron aprovechar un periodo de redistribución durante los sesenta, los países en desarrollo como México, India o Brasil perpetuaron sus desigualdades adoptando “ideologías”, o líneas de política, que favorecían la reducción de impuestos para los más ricos. 

The Economist señala que el debate sobre la desigualdad, que entró a la arena pública con las protestas de “We are the 99%” en 2011, despertó una serie de análisis como los de Piketty, Saez and Zucman; Gerald Auten y David Splinter, y la America’s Congressional Budget Office, todos de 2018. A pesar de los diferentes resultados, coinciden en que los ingresos del 1% más rico se han duplicado desde los años sesenta. La reforma a los impuestos de Reagan marca el periodo en el que los ingresos del 1% se multiplican en una tendencia que aún continúa. 

Por otra parte, el economista Tyler Cowen critica que la propuesta asume grandes capacidades del Estado para ser implementada. La posibilidad de que efectivamente estos recursos sean utilizados para los fines distributivos requiere un Estado más fuerte y centralizado; lo que quizá contrarreste la libertad económica. Si la propuesta de ingreso básico de Piketty busca crear propiedad para emprender, el ambiente recaudatorio podría terminar limitando esta actividad.  

No sé si alguna de estas propuestas se vaya a materializar algún día. Pero no tengo ninguna duda de que la discusión seguirá y de que habrá cada día mayor presión para considerar medidas más audaces. Ojalá que quienes detentan la mayor riqueza se involucren con más decisión en explorar alternativas viables para lograr una sociedad con mayor justicia. La que tenemos hoy por hoy, parece insostenible.

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