Viene a cuento este simpático dicho popular, que, a mi parecer, aplica a la situación que estamos viviendo en relación a las decisiones que varios países han tomado para atemperar los perniciosos efectos que sobre millones de personas tiene la crisis económica que se vive, como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo.

En las muchas ocasiones en que me he referido a la necesidad imperiosa que tenemos como sociedades de instaurar un sistema de Renta Básica Universal para la población más pobre, no faltan los comentarios críticos que descalifican esta propuesta, al considerarla no sólo inconveniente, sino incluso inviable.

Tenía que aparecer un fenómeno como el de la pandemia debida al COVID-19 para que este tipo de transferencias monetarias directas se hicieran realidad en muchas latitudes del mundo. Diría yo que ello se ha debido a que, coyunturalmente, se exacerbaron las condiciones de injusticia y desigualdad que nos caracterizan como sociedades y aparecieron en toda su intensidad las carencias a que se ven expuestas millones de familias en el mundo. Sólo bastaron un par de meses de esta situación para darnos cuenta de que algunos (los menos, desgraciadamente) lo tenemos todo, prácticamente no tenemos nada de qué preocuparnos e incluso nos podemos recluir en casa por semanas, sin que ello signifique que careceremos de lo básico para subsistir dignamente.

Llevábamos mucho tiempo insistiendo en los argumentos de Rutger Bregman y de muchas personas más que propugnan por gravar al capital y a las utilidades derivadas del incremento a la productividad debido a la innovación tecnológica, para financiar con esos recursos transferencias monetarias directas a las familias más pobres. Insistíamos en la forma en que se ha venido devaluando el valor del trabajo humano, hoy que los procesos industriales se pueden llevar a cabo con robots o con impresoras 3D.

Para mi gran satisfacción, las cosas parecen haber cambiado radicalmente, incluso en México, en donde esta semana, Porfirio Muñoz Ledo, diputado por Morena, firmó una iniciativa de la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, para crear un ingreso básico universal temporal de 3,746 pesos al mes, equivalentes a un salario mínimo. El diputado destaca que este ingreso busca llegar a quienes han perdido su trabajo por la cuarentena derivada del COVID-19 en la economía informal y a quienes carecen de seguridad social y no son beneficiarios de programas sociales. Esta iniciativa aún deberá presentarse a debate en el Congreso.

Como el Foro Económico Mundial señala, el mundo necesitará un nuevo contrato social después de la crisis, que replantee el uso que los países dan a las transferencias y a los impuestos tradicionales. Propuestas como la de Bregman buscan redistribuir las ganancias generadas por la innovación y la automatización hacia los trabajadores, cuya productividad pierde peso frente al cambio tecnológico. Pero la pandemia parece estar acelerando estas vulnerabilidades.

Algunos países han planteado la entrega de transferencias directas en sus planes de rescate económico a los trabajadores que han perdido su empleo por el cierre de establecimientos durante la pandemia de COVID-19. 

Estados Unidos, Canadá, India, Brasil, Singapur y Hong Kong han emitido medidas para entregar estos recursos durante estos meses. El plan de rescate de 2 trillones de dólares del gobierno estadunidense “Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act”, propone una transferencia directa de 1,200 dólares para los trabajadores, 2,400 dólares para las parejas y 500 dólares adicionales por cada niño en la población beneficiaria. Las personas elegibles para este programa son los contribuyentes con ingresos menores a 150,000 dólares anuales que hayan hecho su declaración en 2018 o 2019, a quienes se les realizará un solo depósito bancario.

Por otra parte, el Plan de Respuesta Económica del gobierno canadiense asigna una transferencia de 2,000 dólares canadienses hasta por cuatro meses para los trabajadores que pierdan su empleo durante este periodo. Los trabajadores autónomos, quienes pierden su empleo, los trabajadores enfermos o que cuidan a personas contagiadas por COVID-19 pueden aplicar para recibir esta transferencia. La velocidad de esta respuesta permite a los trabajadores acceder al beneficio a partir del 6 de abril y recibir el pago en tres días hábiles.

El gobierno de Narendra Modi, en India, también propone una medida similar, combinando transferencias con la entrega de alimentos. El plan de rescate plantea la entrega de arroz y combustible para el hogar, así como un pago de 13.31 dólares a los adultos mayores y 6.65 dólares a las mujeres de bajos recursos durante los próximos tres meses. Aunque el gobierno reconoce que es una medida modesta, casi 80% de los trabajos en India se encuentran en el sector informal, lo que los hace vulnerables a la medida de cuarentena en este país.

Hong Kong y Singapur llevan más tiempo implementando estas medidas ante el mercado afectado por la cuarentena. Desde febrero, Hong Kong planteó la entrega de HK$10,000 (1,280 dólares) en transferencias a cada uno de los siete millones de residentes permanentes de la isla. En abril, la isla extendió su plan de transferencias a 18 billones de dólares para comprometerse al pago de 50% del salario de los trabajadores de la isla durante seis meses y a reducir las tarifas de los servicios públicos. Por otra parte, Singapur planteó dos medidas: un cofinanciamiento público de los sueldos de 25% y hasta 75% en el sector turismo y aviación, y una transferencia directa para los trabajadores, equivalente a 20% de sus ingresos en 2019. En ambas regiones, las últimas transferencias directas ocurrieron tras la crisis de 2008.

En Brasil, una coalición de más de 160 organizaciones de la sociedad civil lanzó la campaña llamada La Renta Básica que Queremos, que generó el respaldo de los ciudadanos y la adhesión de otras organizaciones y políticos. Este movimiento presentó una propuesta de renta básica al Congreso brasileño y posteriormente se convirtió en un proyecto de ley aprobado por unanimidad por los diputados y senadores federales y promulgado por el Ejecutivo a principios de abril. La propuesta consiste en otorgar 600 reales, que representan más de la mitad del salario mínimo en este país. El gobierno espera beneficiar a 59 millones de ciudadanos de bajos ingresos. Y a pesar de que se plantea por tres meses, dentro de la ley existe una provisión para extender el periodo. 

Otros países como España y Alemania también han iniciado este debate. En España, su discusión se ha retrasado hasta junio, con la propuesta de un monto entre 500 y 950 euros por hogar para el 30% de los ciudadanos con menos ingresos. Mientras que, en Alemania, grupos de la sociedad civil han demandado al Parlamento legislar sobre este tema.

Cientos de “razones” para no hacerlo han invadido los medios de comunicación. El chocante argumento de que “hay que enseñar a pescar y no dar el pescado” o que estas medidas sólo generan vagos con cargo al erario parecen desvanecerse ante el peso de la realidad que se ha dejado sentir de golpe. Es cierto que ni es universal ni es permanente, pero es un gran avance. Hoy, que quienes se negaban a considerarlo siquiera, lo impulsan, me pregunto, gratamente sorprendido: ¡¿No que no tronabas, pistolita?!

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