La pregunta nace de la indignación que me ha provocado una nota periodística. A principios de mayo, el diario Reforma compartió una investigación en la que relata un evento de venta de niñas en una comunidad indígena de Guerrero que rige su vida, entre otras cosas por los llamados “usos y costumbres”.

A través de la información difundida, nos enteramos de que los matrimonios forzados y la venta para la servidumbre son prácticas que suceden en algunos estados del país con niñas desde los 12 años. Las comunidades donde se practica esta venta argumentan que se trata de “usos y costumbres” del pueblo. Actores globales como el premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, han denunciado la venta de niñas en comunidades indígenas en México y Centroamérica.

Coincidiendo con lo que escribió hace unos días al respecto Carlos Elizondo Serra Meyer, no solo indigna que, en pleno siglo XXI, en un país que se precia de respetar los derechos humanos, estas cosas sucedan; sino que provoca quizás mayor indignación que prácticamente nadie, de entre los líderes más destacados de la política y la vida pública, haya expresado su condena abierta y elocuentemente. Ningún partido de los que hoy se enfrentan en la arena electoral, ha dicho esta boca es mía, para denunciar estos hechos y comprometerse a luchar por erradicar estas prácticas aberrantes.

Este es un tema que parece confrontar el acceso a los más elementales y valiosos derechos humanos relacionados con la libertad de las niñas y las adolescentes, con las libertades políticas establecidas en el artículo 2° de la Constitución sobre la libre determinación de las comunidades indígenas para gobernarse por usos y costumbres. Sin embargo, debe quedar muy claro que a pesar de que la Constitución protege el autogobierno por usos y costumbres, también protege todos los derechos establecidos en la Constitución para todos los individuos, sean indígenas o no.

El testimonio de una víctima, en el documento investigación para el premio Género y Justicia 2016 de la Suprema Corte: “La mirada distraída”, narra que la familia la lleva sin avisar para asegurar que no se escape de la casa y pide en la comunidad entre 40 a 50 mil pesos o algún bien de la familia compradora. En un evento se presentan a las niñas, donde otros pobladores las compran para casarse o las adquieren para sus hijos, pagando más por su edad o su apariencia. Tras la boda, la mujer tiene que obedecer y el comprador tiene derecho sobre su cuerpo y su vida, y esta relación es reforzada por la propia comunidad que espera la obediencia de las mujeres.

Pero las cifras sobre cuántas niñas se encuentran en esta situación permanecen invisibles y fuera de las instituciones de protección de los derechos humanos. En 2013, el Instituto Nacional de las Mujeres establecía una postura de que es inadmisible justificar la venta de niñas y mujeres con propósitos de matrimonio o para el trabajo doméstico por usos y costumbres. Sin embargo, existían pocos elementos para intervenir con una acción institucional. Por fortuna, la ciudadanía se hace presente ante este desdén institucional, a través de organizaciones de la sociedad civil que se han convertido en el medio principal para defender los derechos de las niñas en estas comunidades.

Es el caso de la organización “Yo Quiero Yo puedo”, de la que nos habla el propio artículo periodístico, que participa en ocho localidades para comunicar a las autoridades comunales y a las familias sobre cómo detener este problema. La organización, trabajando en la montaña de Guerrero, en uno de los municipios más pobres del país, educa a las niñas y a las familias para comunicarles sus derechos. Por otra parte, busca que las comunidades firmen acuerdos públicos para evitar está práctica.

La venta de estas niñas las obliga a una servidumbre en la que tienen que dejar la escuela y a su familia, ocuparse de las tareas del hogar, criar a los hijos, y trabajar en el campo. Una cifra vinculada a este problema es que el estado de Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes con 2 de cada 10 nacimientos en menores de edad. Asimismo, estas condiciones perpetúan las causas de la pobreza entre los hijos de estas uniones.

Muchas de estas uniones se hacen al margen de la ley, cuando el matrimonio civil se concreta años después de la venta. En Chiapas, esta venta constituye un matrimonio “de palabra” donde sólo la comunidad valida la unión. Los testimonios que conocemos han sido contados por mujeres de la comunidad años después, cuando han escapado o han enviudado. Estos describen, al igual, cómo la comunidad también pone la presión para vender a sus hijas, perpetuando esta práctica.

En San Juan Chamula, el interesado en el matrimonio busca a la familia y le ofrece dinero, ganado o la producción de sus tierras para que la familia acepte. Esto sucede sin la participación de las niñas que aún son menores de edad y este dinero se justifica a veces como el dinero que se usará para hacer la fiesta de matrimonio. Asi mismo, estos compradores pueden regresar con la familia y regresar a la menor cuando hay diferencias y pedir el dinero de vuelta. En estas situaciones se presentan eventos de violencia y servidumbre que la comunidad acepta y permanecen invisibles para la justicia.

Otro enfoque para combatir esta práctica es la creación de oportunidades para las niñas en estas comunidades. La elección de las familias para obligar a las niñas al trabajo doméstico puede cambiar cuando existen escuelas, centros de salud y trabajos que rompen este ciclo. Organizaciones como las que entrevista Reforma han pedido a los gobiernos estatales y federal garantizar estas condiciones ante los límites para intervenir en estas comunidades.

Pero es tarea de todos perseguir un país en el que no nos acostumbremos a esas muchas formas de pasar por encima de los derechos más elementales de los más débiles; un país que con toda esa diversidad cultural, étnica y racial, tenga la sabiduría de conciliar intereses, sí, pero jamás utilizando las libertades esenciales como moneda de cambio. Otra asignatura pendiente a resolver para que no tengamos que seguir preguntándonos con indignación ¡¿En qué país vivimos?!

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