Algunas de las observaciones críticas al recientemente publicitado Consenso de Cornwall, giran alrededor de la verdadera voluntad de los países que lo han promovido y acordado, tendrán para cumplir con lo que ahí se propone. En la historia moderna existen suficientes antecedentes que justifican esta duda, por lo que creo que aquellos interesados en que en verdad se lleve a cabo, debemos ser acuciosos observadores del tema y su evolución. A ello obedece que, en esta segunda parte de mi colaboración, aborde el tema del caso francés, en donde el presidente Emmanuel Macron parece querer honrar el dicho aquel de que “El movimiento se demuestra andando”, al haber anunciado, a principios de octubre, el llamado “Plan Francia 2030” ; un plan de 30,000 millones de euros para reindustrializar Francia mediante inversiones en innovación y tecnología.

Los sectores donde se invertirán estos recursos son, principalmente, energía nuclear, energía de hidrógeno no contaminante, agricultura limpia, biomedicamentos y la agenda satelital de telecomunicaciones. El contexto de este anuncio es la elección presidencial que ocurrirá dentro de seis meses, ante la cual Macron busca ser reelecto.

Conviene tomar nota, pues buena parte de las metas de este plan se insertan en la narrativa del Consenso de Cornwall, el cual, como lo recordarán mis lectores, busca convertirse en el gran replanteamiento del pacto social global para generar políticas sustentables en medio ambiente, innovación y mercado laboral. El Consenso de Cornwall está cambiando la orientación de las políticas, comprometiendo una mayor participación del Estado en inversiones para esta agenda sustentable. Sin embargo, este nuevo papel del Estado deberá privilegiar la sustentabilidad para las generaciones futuras más que las transferencias del pasado.

El plan Francia 2030 representa un cambio en la orientación de las políticas del Presidente Macron, en cuyo gobierno se plantearon reformas neoliberales, para diversos subsidios públicos financiados con recursos del presupuesto francés y hacer a las finanzas públicas de este país más sostenibles. Sin embargo, a causa de la pandemia, el gobierno francés ha orientado su gasto público al rescate de las empresas y los individuos durante 2020.

En el mencionado plan, el gobierno francés plantea destinar 8,000 millones de euros para el sector energético, en reactores nucleares pequeños y convertirse en el líder en hidrógeno verde. 4,000 millones de euros para el “transporte del futuro” y producir cerca de 2 millones de vehículos eléctricos e híbridos. 2,000 millones de euros para crear alimentos saludables y sostenibles. 3,000 millones de euros para el sector salud y 2,000 millones de euros para la agenda espacial.

La energía nuclear y la energía verde son una prioridad histórica para Francia, en el sentido de que carece de recursos petroleros y acceso a los sistemas de gas del este de Europa. Asimismo, Francia busca recuperar algunos sectores manufactureros. En 2020, Francia enfrentó una grave escasez en cubrebocas y suministros médicos básicos ya que las marcas francesas habían enviado su producción a fábricas en el exterior, así como en chips; insumo clave en diferentes industrias francesas como la automotriz.

Hoy Francia, como muchos otros países, enfrenta los efectos de la recuperación económica parcial: la subida de los precios globales del gas y el petróleo, el fin de la vida de las centrales nucleares que proporcionan 70% de la electricidad del país, una recuperación del PIB del 6% en 2021, la recuperación del empleo y la crisis de chips. Asimismo, Francia enfrentó disrupciones a las cadenas globales de valor en suministros médicos y de alimentos, lo que llevó a plantearse si era necesario producir de regreso en Francia.

Emmanuel Macron ganó las elecciones presidenciales de 2017 en medio de una crisis del sistema de los partidos políticos en Francia. Los dos partidos tradicionales de la política francesa habían perdido legitimidad tras los escándalos de corrupción durante las presidencias de Nicolas Sarkozy (de la coalición de partidos republicanos) y François Hollande (de la coalición de partidos socialistas). Emanuel Macron lanzó una campaña centrada en los jóvenes con propuestas liberales, para mejorar la productividad y hacer más sostenible el sistema de pensiones y seguridad social. Su nuevo partido, “En Marche”, se basó en una plataforma ágil de redes sociales y de micro contribuciones para financiarse.

La pandemia ha deteriorado la legitimidad con la que Macron llegó al poder. Sin embargo, en la crisis de partidos en Francia, sólo los extremos como el Frente Nacional de Marine Le Pen conservaron su voto duro. Pero aún este partido de derecha enfrenta la rivalidad de un nuevo competidor, Eric Zemmour. Zemmour, un periodista que había publicado libros sobre los riesgos de no integrar a las poblaciones migrantes dentro de las instituciones republicanas plantea una posición más restrictiva en migración. Asimismo, este nuevo candidato posee un discurso más claro que el partido de Le Pen, con el lema de su nuevo libro “Francia no ha dicho su última palabra” una frase que evoca el “Make America Great Again” de Donald Trump, lo que ha generado que obtenga 16% de las preferencias antes de la contienda electoral.

El cambio hacia las metas de equidad y sustentabilidad planteadas en el Consenso de Cornwall pueden ser una respuesta al populismo. La reunión del G7 de junio de 2021 donde se plantearon estas metas estuvo acompañada del acuerdo entre los líderes globales de que la democracia siga siendo el medio para enfrentar los retos del futuro. Asimismo, existe un consenso global de que equidad y la sostenibilidad serán la prioridad en la agenda de políticas en el corto plazo. En este sentido, la elección en Francia también pondrá a prueba la aprobación de estos planes para la sustentabilidad y la innovación de la economía.

Ya veremos que sucede en el frente electoral. Si bien es cierto que esta propuesta podría debilitarse ante la eventual derrota de Macron, también lo es el hecho de que la presión social por un cambio hacia el crecimiento verdaderamente sustentable habrá de sentirse por parte de los demás contendientes, quienes difícilmente abandonarán esta agenda.

En este escenario, queda en la mesa la discusión de cuáles deberían de ser las líneas generales de política económica de los gobiernos, más allá de los principios que señala el Consenso de Cornwall, en esta nueva etapa en la que resulta una exigencia promover el crecimiento y la mayor resiliencia de las economías. Es por ello que en la tercera parte de esta columna me ocuparé de compartir con ustedes el interesante trabajo llevado a cabo por Accenture y Oxford Economics “Unleashing growth for maximum impact” donde se explora cómo los gobiernos pueden maximizar el impacto del gasto público para la recuperación económica, abandonando el enfoque de “apagar fuegos” adoptado en 2020. En cambio, plantean que los gobiernos pueden adoptar una política fiscal dinámica y fomentar inversiones en tecnología, el medio ambiente, los mercados laborales, la desigualdad, las competencias para el siglo XXI, y la innovación.

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